Reforma Déjala Ir

RESUMEN DEL INFORME:

Proyecto de ley de prevención, reducción y erradicación de los feminicidios y filicidios en la República Dominicana. (DI)

La Ley Marco “Déjala Ir” parte de una conceptualización desacertada, ya que su título transmite la idea de que la mujer es propiedad del hombre, desconociendo más de ocho décadas de avances legales en materia de igualdad, y lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, que garantiza que todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, edad o condición.

El proyecto incorpora términos como “machismo estructural”, “violencia vicaria” y “filicidio”, los cuales no cuentan con definición jurídica en el Código Penal dominicano, lo que abre paso a interpretaciones ambiguas o arbitrarias. Esto deja una brecha abierta, ya que no es factible legislar sobre delitos que no están tipificados; la ley debe basarse en conceptos verificables y no en planteamientos ideológicos.

Además, el proyecto atribuye la no reducción del feminicidio a la ausencia de leyes, cuando las causas reales responden a deficiencias en la implementación de políticas públicas, falta de presupuesto y debilidad institucional, no a un vacío legal.

El proyecto fija metas como reducir un 10% los feminicidios para 2026, un 30% para 2030 y erradicarlos para 2035. Sin embargo, estas cifras no tienen sustento en la Oficina Nacional de Estadística ni en estudios técnicos. No presenta metodología, indicadores ni línea base.

La ley plantea un “enfoque de género”, a pesar de que la observación jurídica señala que la protección debe ser victimológica, para todos los dominicanos, según el principio constitucional de igualdad.

El texto también repite definiciones ya presentes en el Código Penal, generando redundancias que confunden. Conceptos como “violencia vicaria” ya cuentan con mecanismos de sanción a través de leyes vigentes sobre homicidio, violencia intrafamiliar y maltrato infantil.

Otro punto crítico es la inclusión de elementos ideológicos en la educación, como la imposición de la “equidad de género” en todo el currículo escolar, sin basarse en evidencia empírica dominicana que justifique un cambio tan profundo. Transformaciones de este tipo requieren estudios locales, no la adopción de discursos importados.

El proyecto también relaciona alcohol, drogas o trastornos de personalidad con feminicidios, pero sin basarse en estudios dominicanos verificables. Incluso cita referencias no comprobables, como el citado estudio de “Loinaz (2007)”.

A esto se suma que plantea la violencia como unilateral, del hombre hacia la mujer, ignorando evidencia nacional e internacional sobre violencia bidireccional, donde la agresión puede provenir de ambas partes. Invisibilizar esta realidad limita cualquier solución efectiva.

Asimismo, justifica narrativas de desigualdad estructural en detrimento de la mujer, basándose en datos que no se ajustan al contexto dominicano, donde las mujeres son mayoría en educación superior y tienen mayor participación en el empleo formal. Utilizar generalizaciones externas desvincula la ley de la realidad local.

Más problemas

La Ley Marco “Déjala Ir” insiste en que la mayoría de los feminicidios se producen tras episodios de violencia previa no atendida, basándose en estudios internacionales. Sin embargo, la observación jurídica señala que el problema no se vincula tanto a una falta de denuncias, sino más a la inoperancia del sistema. Es decir: denuncias sin seguimiento, medidas de protección mal aplicadas y ausencia de evaluación de riesgo. Se trata de un fallo del Estado, reconocido incluso por la Corte Interamericana bajo el concepto de “debida diligencia reforzada”.

El proyecto también atribuye mayor letalidad a la presencia de armas en el hogar y usa estudios externos para plantear como solución más restricciones. Pero ya existe una ley que regula este aspecto —la Ley 631-16— y el problema real es la falta de coordinación institucional para cruzar datos y actualizar registros, no una carencia normativa.

Una evidencia de descontextualización del proyecto de ley es la mención de un “ministerio de género”, entidad que no existe en República Dominicana. En todo caso, la institución correspondiente sería el Ministerio de la Mujer.

La creación del Sistema Nacional de Alerta Temprana (Sinat), tampoco define responsables, lineamientos de protección de datos ni normativa de operación, lo que viola la Ley 172-13 sobre protección de datos personales. La estructura se presenta sin base legal clara.

También propone un Comité Nacional que dependería de un Observatorio de Feminicidios, que es actualmente inexistente. Una ley no puede basarse en entidades hipotéticas sin violar el principio de seguridad jurídica. Paradójicamente, tampoco menciona a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), encargada de producir estadísticas oficiales.

El texto prioriza organizaciones de mujeres para procesos educativos y comunitarios, introduciendo sesgo ideológico y afectando la neutralidad estatal. Además, usa expresiones vagas como “reacción oportuna”, sin establecer plazos ni responsables, lo que debilita el marco jurídico. Todas estas propuestas requieren un presupuesto cuyo monto no se especifica, creando una estructura simbólica, más que aplicable.

En materia de financiamiento, el proyecto concentra poder en el Ministerio de la Mujer, otorgándole control exclusivo sobre un fondo especial. Esto crea riesgos de discrecionalidad y choca con normas vigentes, como la Ley 155-17 sobre bienes incautados. Tampoco se establecen mecanismos claros de auditoría, control y transparencia.

Además, pretende incorporar 19 proyectos legislativos futuros como si ya existieran, algo inconstitucional. Una ley no puede obligar con base en normas aún no aprobadas. Esto vulnera el principio de legalidad y genera un marco inestable e imposible de aplicar.

En síntesis, lo que revela este proyecto es que la Ley Marco “Déjala Ir” se sostiene en estudios externos, instituciones inexistentes, conceptos ambiguos y estructuras sin base legal. Las observaciones jurídicas apuntan que el problema central no es la ausencia de leyes, sino la falta de institucionalidad, seguridad jurídica, coordinación estatal y aplicación efectiva de las normas vigentes. Sin corregir estos fallos, ninguna ley podrá reducir feminicidios ni proteger a las mujeres y familias dominicanas.